Quién tiene el derecho a elegir sobre la educación de nuestros hijos y nuestras hijas… ¿el estado y su sistema educativo o madres y padres?

La Constitución Española recoge que padres y madres tienen derecho a elegir la formación religiosa y moral (es decir, relacionada con las costumbres de su sociedad) para sus hijos/as (Art. 27.3), pero es -el sistema educativo quien debe garantizar el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales (Art. 27.2). Además, la Ley Orgánica 2 (2006) de Educación, recoge la necesidad de “garantizar la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades… que actúe como elemento compensador de las desigualdades personales”. Es decir, padres y madres tienen derecho a elegir si quieren que sus hijas/os acudan a un centro laico o religioso pero, es el Estado quien debe garantizar que reciban una educación en valores democráticos (respeto a las personas, igualdad, no discriminación por razón de sexo, orientación sexual, origen racial, salud, etc.). De no ser así, los/las hijos/as de unos padres y madres que educan en el no respeto a las personas que consideran diferentes, en el no respeto a las normas y leyes, -o incluso en la violencia con determinados colectivos, y que no reciben una información diversa y constructiva por profesionales con conocimientos científicos (no opiniones) constituyen y constituirán una verdadera amenaza para la convivencia en nuestra sociedad, es decir para nuestros propios hijos/as.

Por ello, no son de “nuestra propiedad”, como quieren pensar algunas personas; en primer lugar, porque no son objetos sino personas. En segundo lugar, porque forman parte de una sociedad y según la educación recibida pueden suponer un bien o un mal para la misma, y dado que es el Estado quien debe garantizar la convivencia, también debe garantizar que todas y todos reciban una educación en valores democráticos. Por ello, el sistema educativo no es un mero medio de transmisión de conocimientos académicos. También es el medio a través del cual se forma a nuestras hijas e hijos en valores democráticos, de convivencia y de no violencia.

Pero, además, ¿no resulta peligroso para el bienestar de una sociedad que las personas podamos elegir qué leyes cumplir y cuáles no? Imaginemos que unos padres pueden elegir si castigar a sus hijos e hijas con maltrato físico, elegir si llevarlos al colegio, elegir si llevarlos al médico/a, elegir si pagar impuestos, etc. Con total seguridad, nuestra sociedad se deterioraría a pasos galopantes, convirtiéndose en un lugar todavía más amenazante para las futuras generaciones y cada vez más dividida. Seguramente surgiría el dilema de si aquellos y aquellas que no recibieron la formación tendrían derecho a la asistencia sanitaria, social y legal en caso de estar involucrada/o en problemas de bullying, padecer enfermedades de transmisión sexual (ETS), adicciones, etc. ¿De verdad queremos que nuestros/as hijos/as vivan en una sociedad así?

Resulta cuanto menos paradójico que se cuestione la labor del Estado en esto y nadie cuestione otras intervenciones donde prima el interés del menor o la menor (negligencia parental, por ejemplo). ¿Cuándo el Estado sabe más sobre lo que es mejor para nuestros hijos e hijas? es la pregunta que se deben plantear entonces los defensores y defensoras del PIN PARENTAL.

Los niños y las niñas son responsabilidad de toda la sociedad, desde la familia hasta el Estado. Por ello, teniendo en cuenta el interés de la administración y el papel que juega el profesorado y el resto de profesionales especializados en este ámbito, resulta paradójico que para algunas cuestiones se permita su intervención y para otras no. Los contenidos de estos programas son elaborados y consensuados entre diferentes profesionales y organismos públicos para una mejor formación del alumnado en respeto, tolerancia y desarrollo personal. Y son los centros, en sus comisiones de convivencia, en los que participan padres y madres quienes votan si consideran que los programas se ajustan a las necesidades de su alumnado y objetivos marcados.

Imagen de Feliphe Schiarolli. Extraída de Unsplash.

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